La relativamente reciente reforma constitucional del año 2008, denominada "Del Sistema Mexicano de Seguridad y Justicia", respondió necesariamente a la democratización institucional del Estado mexicano; pareciera que este se aleja de aquella justicia retributiva y pretende impulsar la justicia restaurativa. Una justicia plena para las partes intervinientes en el conflicto, la cual demanda eliminar abusos, y estar impregnada de racionalidad y humanismo. Particularmente, la reforma al modelo de justicia mexicano impacta en ámbito de la ejecución de la pena privativa de la libertad, aquí, se incluye un doble discurso político-criminal, pues ahora quienes se encuentren expurgando una sanción penal serán aquellos individuos "etiquetados" como altamente peligrosos o pertenecientes a la delincuencia organizada, a quienes se les restringirán casi la totalidad de sus derechos (excepto el derecho de defensa), lo que contradice el nuevo fin primario de las instituciones penitenciarías del país, el relativo a la "reinserción social del interno".
